El ex presidente de Francia Nicolas Sarkozy seguirá bajo investigación formal por "abuso por debilidad" en un caso de financiamiento a su partido en 2007 que involucra a la heredera de L'Oreal, Liliane Bettencourt, decidió hoy un tribunal francés.
El fiscal del tribunal de Burdeos confirmó la investigación de Sarkozy y de 11 personas más por donaciones ilegales luego de rechazar la impugnación de los abogados de los acusados a un informe médico de 2011 que demostró que Bettencourt sufría de demencia desde 2006.
De acuerdo con la prensa francesa, el ex jefe de Estado conservador podría enfrentar un juicio en cualquier momento y la decisión final del tribunal podría tomar varios meses.
Es probable que la decisión frustre el plan de Sarkozy de regresar a la política y de dirigir al partido Unión por un Movimiento Popular (UMP) en la elección presidencial de 2017.
"Existen más posibilidades de un juicio en el horizonte de Sarkozy y respecto a su eventual regreso a la política, es obviamente mucho más complicado para él. Ya no es dueño de su propio calendario", declaró Christophe Barbier, un analista político, citado por el canal noticioso iTele.
En marzo, Sarkozy fue acusado de abuso por debilidad de Bettencourt y de aceptar el financiamiento ilegal en apoyo a su campaña electoral de 2007.
Tres meses después, el fiscal público pidió retirar todos los cargos contra Sarkozy y su tesorero de la campaña de 2007 y el ex ministro de Presupuesto, Eric Woerth, por la falta de evidencia.
El escándalo provocó controversia pública desde julio de 2010, cuando un ex contador de Bettencourt, la mujer más rica de Europa, reveló grabaciones secretas que muestran la participación del entonces ministro del Trabajo Eric Woerth en una gran evasión de impuestos que involucran a la propietaria de 90 años de edad del gigante de los cosméticos L'Oreal.
El ex contador también señaló que se ofrecieron 150.000 euros (202.500 dólares USA) para financiar la campaña de 2007 de Sarkozy, cuando la ley francesa limita las donaciones a los partidos a 7.500 euros por persona al año y sólo 150 de euros deben ser ofrecidos en efectivo.
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